Guerra de mafiosos | La trama corrupta Gürtel (PP) sienta a Garzón (Juez) en el banquillo del Supremo

  • Los jefes de la red delictiva que salpica al PP piden para el juez que les encarceló hasta 17 años de inhabilitación por pinchar sus conversaciones con abogados

El juez Baltasar Garzón, magistrado reconocido y controvertido internacionalmente por la instrucción de casos relacionados con crímenes contra la Humanidad, el terrorismo etarra y las redes del narcotráfico, los GAL, etc… enfilará mañana la escalinata del Tribunal Supremo hacia el que previsiblemente será el último acto de su trayectoria judicial: se sentará en el banquillo de los acusados para ser sometido a juicio por supuesta prevaricación al haber intervenido las comunicaciones en prisión de los jefes de la red Gürtel, a los que encarceló, con sus abogados. La red Gürtel es la mayor trama de corrupción política de España vinculada al PP.

La acusación, sustentada por los jefes corruptos, Francisco Correa y Pablo Crespo, además de por el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario vinculado a la trama José Luis Ulibarri, reclaman entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión, incluidas las mantenidas con sus abogados. Correa y Crespo, que supuestamente repartieron millones entre cargos del PP para conseguir sustanciosos contratos, siguen en prisión desde que los encarceló Garzón, pero han dispuesto de medios sobrados para pagar unos abogados muy caros que han conseguido sentar al juez Garzón en el banquillo y, muy posiblemente, acabar con su carrera para siempre. Entre esos letrados, hay dos antiguos colegas de Garzón en la Audiencia: el exjuez José Antonio Choclán, abogado de Correa, y el exfiscal Ignacio Peláez, que promovió la querella inicial. Si Garzón es condenado, será expulsado de la carrera judicial.

Cabe recordar que este juez lleva casi dos años suspendido de funciones.

El desarrollo de la instrucción, en paralelo con otras dos causas que tiene abiertas —por investigar crímenes del franquismo y por cobros de dos cursos jurídicos impartidos en Nueva York y en los que otro juez lleva más de dos años buscando un supuesto cohecho— dejan pocos resquicios, según su entorno, sobre las intenciones de la Sala Penal del Supremo. Y la arremetida final del instructor del caso de las escuchas, Alberto Jorge Barreiro, cierra virtualmente cualquier especulación sobre un resultado distinto al de culpable, según las mismas fuentes. Garzón, según Barreiro, al ordenar las escuchas a los abogados lesionó “uno de los principios básicos del sistema penal, retrotrayéndonos a un estatus procesal anterior al Estado de derecho”. Las escuchas a los abogados fueron anuladas por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Dos antiguos compañeros de Garzón son ahora sus acusadores

Aunque la fiscalía solicitó desde un primer momento el sobreseimiento y ahora reclama la absolución asegurando que Garzón no cometió ningún delito, los distintos fiscales que han intervenido en los tres procesos han visto rechazadas una y otra vez todas sus peticiones.

La defensa de Garzón, a cargo del abogado Francisco Baena Bocanegra en este proceso, ha visto rechazadas por el Supremo sus principales peticiones de prueba: la declaración del juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, que tras suceder a Garzón en la instrucción prorrogó las escuchas, y la de las dos fiscales Anticorrupción que las validaron. El testimonio de Pedreira era clave para la defensa, dado que este juez no solo prorrogó las escuchas sino que desestimó los recursos de los imputados y resolvió sobre las propuestas de las fiscales respecto a qué escuchas debían incorporarse a la causa.

El juicio se desarrollará en principio en tres sesiones de mañana, que son las que el Supremo considera suficientes para liquidar el asunto. Se trata de un proceso técnico, basado en la prueba documental, y sin poder contar con la versión del juez Pedreira y la de las dos fiscales Anticorrupción el interés de las sesiones queda restringido a las explicaciones que el propio Garzón exponga durante su interrogatorio. A renglón seguido, a Garzón le espera nuevamente el banquillo el próximo día 24, en que afrontará su segundo juicio por la investigación de los crímenes del franquismo, hasta mediados de febrero.

El testimonio del juez que prorrogó las escuchas ha sido rechazado

Durante los dos años que ha durado el proceso del Supremo a Garzón, sus abogados han conseguido que la Sala Especial del alto tribunal reconociese que los mismos magistrados que abrieron los procesos y que después planeaban juzgarle estaban contaminados. Por primera vez en la historia del Supremo, la Sala Especial declaró que el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y otros ocho magistrados carecían de la necesaria apariencia de imparcialidad para juzgar a Garzón.

Pero esa única victoria procesal pronto se demostró ineficaz y hasta contraproducente. La Sala Penal sustituyó a los jueces iniciales de un tribunal por los contaminados del otro y viceversa. Así, tras la remoción de los cinco jueces iniciales de las escuchas a Gürtel, en el tribunal definitivo figuran tres magistrados que abrieron la causa contra Garzón por investigar el franquismo. Y a estos se han sumado los jueces instructores de los otros dos procesos: Luciano Varela, el juez que procesó a Garzón por su investigación del franquismo, y Manuel Marchena, que lleva dos años investigando las ganancias del juez.

El tribunal de las escuchas a Gürtel ha quedado definitivamente configurado por Joaquín Giménez, como presidente; Miguel Colmenero, ponente de la sentencia; y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena. Ideológicamente, son tres progresistas (Jiménez, Arrieta y Varela) y cuatro conservadores, pero en este caso alguno de los progresistas, como Varela, puede ser más letal para Garzón que cualquiera de los conservadores, según fuentes del entorno del encausado.

En cuanto a Marchena, será seguramente el primer magistrado de la historia que juzgue a un imputado por las mañanas (por las escuchas a Gürtel) e instruya una causa contra el mismo por las tardes (el caso de sus honorarios en Nueva York). Y ambos asuntos, por presuntos delitos de prevaricación. El intento de última hora del defensor de Garzón de apartar a ambos jueces del tribunal ha fracasado.

Garzón ha explicado hasta la saciedad que los cabecillas de la trama corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, disponían de un conglomerado de sociedades en paraísos fiscales creadas por testaferros a través de despachos de asesoramiento jurídico y fiscal. Su detención retrasó varias operaciones en marcha, entre ellas la relativa al blanqueo de fondos de una cuenta en Suiza de más de 20 millones de euros. A la vista de que los imputados iban a continuar el blanqueo de fondos a través de terceros que les visitasen en prisión, Garzón ordenó la grabación de todas sus conversaciones, incluidos sus abogados, aunque después expurgó las que afectasen a la estrategia de defensa.

Frente a esta versión de Garzón, el instructor Alberto Jorge Barreiro ha preferido la de los cabecillas de la trama y sostiene que Garzón quiso conocer “indebidamente” la estrategia de defensa de sus abogados. Barreiro considera a Garzón autor de un delito continuado de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.

Pero, ¿Es Garzón un juez corrupto?

Consejo General del Poder Judicial. El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actuase en el caso del viaje del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, a Nueva York ante las “gravísimas” informaciones conocidas y emplazó al propio magistrado a “dar una explicación o asumir una responsabilidad”. Así lo aseguró Trillo después de que el diario ‘El Mundo’ sostenga que Garzón solicitó personalmente al Banco Santander que pagara su curso en Nueva York y que cinco meses después, al reincorporarse a la Audiencia, no admitiera una querella contra su patrocinador. El responsable de Justicia del PP recalcó que el CGPJ “no puede permanecer impasible” ante esta “gravísima noticia sobre los cobros y los pagos hechos por el señor Garzón procedentes del Banco de Santander durante una estancia en Estados Unidos”. Además, el diputado ‘popular’ afirmó que en ese viaje a Estados Unidos el juez de la Audiencia Nacional “estaba cobrando” y subrayó que él mismo “negó” ante el órgano de gobierno de los jueces “haber recibido estipendios”.

Es la tercera vez y elCGPJ debe responder

A su vuelta a España, Garzón, tras el permiso de estudios en Estados Unidos, archivó una querella contra directivos del Santander por la presunta apropiación de 750.000 millones de pesetas derivados de créditos recuperados de Banesto a través de la sociedad SCI Gestión

“Es ya la tercera vez que este asunto sale y el Consejo General del Poder Judicial tiene que dar una respuesta que satisfaga la dignidad de los jueces y magistrados españoles, pues no todos son como Garzón”, proclamó. Trillo señaló que “el propio Garzón debe dar una explicación o asumir una responsabilidad”, al tiempo que dijo que el PP espera que los nuevos datos sean “tenidos muy en cuenta por lo que todavía está en enjuiciamiento en el Tribunal Supremo”.

Los abogados que ejercen la acusación en la querella presentada contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por los cobros que éste obtuvo por dirigir unos cursos en la Universidad de Nueva York, entre marzo de 2005 y junio de 2006, pidieron este jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la apertura de un expediente disciplinario al magistrado y su suspensión cautelar por una falta muy grave de inobservancia del deber de abstención. Los letrados, José Luis Mazón y Antonio Panea, basan su petición en la documentación remitida el pasado lunes al alto tribunal por parte del Banco Santander, difundida este jueves, que evidencia los contactos celebrados entre Garzón, el presidente del Santander Emilio Botín y otros altos directivos de la entidad para la obtención de los fondos que precisaba para la organización de los cursos en el Centro Rey Juan Carlos I la Universidad de Nueva York, que los denunciantes fijan en 302.000 euros.

El escándalo de los 750.000 millones de las antiguas pesetas

Según explicó esta parte, Garzón habría incurrido en una falta muy grave prevista en el artículo 417,8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por inobservancia del deber de abstención ya que, a su vuelta a España tras el permiso de estudios en Estados Unidos, archivó una querella contra directivos del Santander por la presunta apropiación de 750.000 millones de pesetas derivados de créditos recuperados de Banesto a través de la sociedad SCI Gestión.

Dicha inobservancia podría haberse cometido tanto por “amistad manifiesta” con el sujeto contra el que se dirigía la querella, Emilio Botín, como por interés directo en el pleito. De prosperar una investigación disciplinaria en este sentido, la sanción contra Garzón podría ir desde la suspensión entre 1 mes y 3 años (a partir de 6 meses perdería su plaza en la Audiencia Nacional), hasta la expulsión de la carrera judicial, pasando por el traslado forzoso.

Mintió al Consejo General del Poder Judicial

En el escrito entregado este jueves al CGPJ los querellantes recuerdan que el propio Garzón —cuya presunta responsabilidad disciplinaria por este asunto ha sido anteriormente investigada y archivada por el Consejo— negó en este procedimiento anterior guardar ninguna relación de amistad con el Santander y sus directivos. “Ahora sale a flote que mentía ocultando la relación de amistad estrecha con el principal directivo del citado banco, imputado por entones en proceso penal por las ‘cesiones de crédito’ ante la propia Audiencia Nacional”.

Con independencia de la denuncia de los abogados Mazón y Panea, Garzón podría ser objeto de una investigación de oficio por parte de la Inspección del CGPJ si así lo considera este órgano, que celebra este jueves su sesión Plenaria. Fuentes del Consejo señalaron que la orden a la Inspección podría darse este jueves mismo, porque es probable que algunos vocales planteen esta cuestión al presidente, Carlos Dívar, a lo largo del Pleno. La documentación que acredita que Garzón solicitó personalmente a los directivos del banco el dinero para financiar el proyecto fue remitida al Tribunal Supremo después de que el alto órgano judicial le viniera requiriendo la misma de forma reiterada desde el pasado mes de septiembre. Ante el silencio inicial del Santander, el alto tribunal tuvo que instar el pasado 15 de octubre a la entidad al “urgente cumplimiento” de la orden de entrega de información y posteriormente, tras recibir una respuesta parcial (según las acusaciones), citó al director de la asesoría jurídica, Jaime Pérez Renovales, quien finalmente remitió el pasado lunes un total de 8 documentos.

Propuesta ‘ambiciosa’

El primero de ellos es una nota para Emilio Botín redactada el 22 de abril de 2005 por el entonces director general del banco en Estados Unidos, Gonzalo de las Heras, en la que relata a su jefe un almuerzo celebrado con el juez en el que éste le habría comentado su propuesta para el curso en la Universidad de Nueva York, que el propio directivo califica de “importante aunque ambiciosa”, con el objetivo de “acercar España a EE.UU”. “Este jueves me envía la propuesta que te adjunto (…). Creo que para nosotros el hacer un esfuerzo para acercar a los dos países no debería ser objetable, como tampoco lo es que nuestra ayuda vaya dirigida a una Universidad y no personas o grupos específicos. Dime qué te parece y cómo quieres que actúe”, decía De las Heras a Botín.

El siguiente documento es una carta remitida por el propio Garzón a Botín, fechada el 10 de junio siguiente, agradeciéndole la financiación del curso. “Te rogaría, a la vista del programa que te remito (…) me indicaras aquellas personas a las que pudieras tener acceso con el fin de interesarles y comprometerles en el evento”.

Financiación en diez días

El tercer documento es otra carta dirigida a Botín por Garzón, con fecha de 20 de enero de 2006, en la que el magistrado le propone un nuevo curso titulado Seminario sobre Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica- “Se celebrará si disponemos de financiación suficiente entre Nueva York y Madrid. Creo que es una propuesta bastante completa que someto a tu consideración (…) Te adjunto la propuesta y el presupuesto”. En carta fechada diez días después, el magistrado agradece al banquero el patrocinio del curso.

El resto de documentos son cartas de agradecimiento remitidas al presidente del Santander por el director de los cursos, James D. Fernández, así como correos remitidos por éste a Gonzalo de las Heras relatándole el éxito de los mismo y la remisión a éste de cartas de invitación dirigidas a diferentes personalidades norteamericanas. El Tribunal Supremo precisaba toda esta información para decidir si admite o no a trámite la segunda querella presentada contra el magistrado por estos hechos, por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y estafa.

Esta acción penal contra Garzón, impulsada por los letrados citados, se produce después de que el pasado 9 de marzo el Supremo archivara una primera querella por el mismo asunto ordenara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los investigara. El órgano de gobierno de los jueces abrió diligencias informativas contra el juez, pero las cerró el 2 de julio sin aplicarle ninguna sanción disciplinaria. Los querellantes justifican este nuevo procedimiento en que la investigación del CGPJ sacó a la luz datos que no se conocían en el momento del archivo de la causa en el Tribunal Supremo.

Entre ellos, destacan que el Banco Santander entregó 302.000 dólares al Centro Rey Juan Carlos I la Universidad de Nueva York para la organización de los cursos dirigidos por Garzón y que este centro asignó al juez 21.152 dólares para sufragar sus gastos de viaje y 21.650 para pagar la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas.

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