Multa a un periodista que fue agredido por la policía el 25-S en Atocha | Vídeo

Quería partirle la cara, pero después de golpearle en un hombro con la porra, el antidisturbios lo pensó mejor y dirigió sus golpes a las rodillas. Un policía de los que irrumpieron en tromba, pegando a la gente en la estación de Atocha la noche del 25 de septiembre, tras la concentración “Rodea el Congreso”, se ensañó con el periodista Alejandro López de Miguel cuando realizaba su trabajo. El periodista llevaba visible en el pecho su credencial de la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE). De poco le sirvió. Ahora, con acusaciones retorcidas e inexactas, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, le ha remitido una multa de 300 euros. También ha multado al estudiante de Informática y Matemáticas Alejandro García Montoro, que realizaba fotografías de lo que estaba ocurriendo y ha publicado reportajes gráficos en la revista alemana Luxemburgo.

Los antidisturbios irrumpieron en el vestíbulo de la estación de Atocha, golpeando indiscriminadamente a los ciudadanos (ver vídeo). Rebasaron los tornos y llegaron a los andenes, donde protagonizaron nuevas cargas contra las personas que cometían el delito de esperar a los trenes. Según su versión, López de Miguel realizaba su trabajo informativo y se hallaba con otros colegas a pocos metros de donde los policías ejercían, en nombre del Estado democrático, el patrimonio de la violencia. De pronto, un antidisturbios no identificado se volvió hacia él y le amenazó: “Sé que me estás sacando la cara y te voy a quitar las ganas”.

Acto seguido le asestó un porrazo en el hombro y le habría roto la cara si el periodista no hubiera gritado, pidiendo ayuda y alertando a sus compañeros. El agente no identificado se lo pensó mejor, pero le siguió amenazando verbalmente. A continuación le pidió que se identificara. Cualquier persona con dos ojos en la cara podía ver que llevaba su credencial colgada sobre el pecho. Dos colegas del informador fueron conminados a guardar silencio y a identificarse también. Mientras lo hacían y unos guardias tomaban nota de los datos de sus carnés de identidad, el antidisturbios descargó un porrazo con todas sus fuerzas contra las rodillas de López de Miguel, que en ningún momento se negó a identificarse, aunque solicitó al agente anónimo su número (oculto) de placa.

Las escenas de brutalidad policial indiscriminada contra los ciudadanos -conocidas gracias al periodista apaleado y a otros colegas– resultaron tan explícitas que de inmediato saltó el exministro del Interior y actual jefe de filas del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, a pedir que se prohíba la emisión en directo de las manifestaciones porque le parece “una barbaridad” que promueve la participación en las protestas. Unas horas después, se sumó al censor en potencia su antiguo subordinado y actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien, lejos de aclarar los excesos de los agentes al mando del comisario Florentino Villabona, reclamó una reforma legal que proteja a los policías y prohíba la difusión de las imágenes que puedan afectarles en sus actuaciones.

Pero volviendo a los hechos, el periodista López de Miguel, fue atendido a las 11:35 por los servicios sanitarios de urgencia de una herida con hinchazón y dolor en la rodilla derecha, provocada por los golpes del antidisturbios no identificado. Después presentó una denuncia en la comisaría policial del distrito de Retiro, en la que detalló su versión de lo ocurrido y la agresión de la que fue objeto. Del curso de la denuncia nada ha sabido, pero mientras el Gobierno arbitra algún nuevo mecanismo democrático para dar cobertura legal al viejo principio de “matar al mensajero” y eliminar a testigos incómodos, el periodista ha recibido en el domicilio de sus padres una multa gubernativa por importe de 300 euros.

El expediente, con fecha de 31 de octubre, muy posterior a los hechos y a la denuncia del periodista en comisaría, va firmado por la delegada del Gobierno, Cifuentes Cuencas, y le acusa de formar parte de “un grupo de personas que estaban causando desórdenes y daños en las instalaciones de la estación”, de “negarse a identificarse” y de “entorpecer la labor policial”. Aunque la delegada gubernamental tenía la posibilidad de conocer la denuncia del periodista, ponderar los hechos y, sobre todo, de enterarse de que López de Miguel era un profesional de la información que realizaba su trabajo y fue agredido, ha preferido aplicar la misma doctrina de los estadounidenses que dispararon contra el hotel Palestina de Bagdad y asesinaron a José Couso. Aunque a Cifuentes, Oreja y Cosidó les resulte odiosa la comparación, ni Couso era un terrorista ni López de Miguel un manifestante violento. Simplemente eran periodistas. Y lo que es peor, los agresores y sus jefes políticos lo sabían.

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