ESPAÑA | El retorno fascista del “orden público”

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Más de un artículo de las siguientes medidas políticas parece redactado directamente por mandos de los antidisturbios, pasen y vean.

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El Gobierno de Mariano Rajoy pretende sacar adelante una nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para sustituir a la del mismo nombre que impulsó en 1992 el entonces ministro del Interior socialista José Luis Corcuera. Sin embargo, la norma que ahora patrocina el ministro Jorge Fernández supone unas cuantas vueltas de tuerca más. Y, además, todo apunta a que se le pueda haber ido la mano y se le haya pasado la rosca. “La calle es mía” parece querer decir el ministro Fernández. Pero no, la calle no es suya; la calle es de todos los ciudadanos. Y así está recogido en la Constitución, que consagra el derecho de manifestación como uno de los fundamentales de los españoles.

La oposición ya ha salido en tromba contra un proyecto legislativo cuya finalidad última es acallar las críticas ciudadanas. O, si no es así, lo aparenta. Pero es que incluso a voces tan poco sospechosas como la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria les recuerda a la franquista Ley de Vagos y Maleantes.

Entre los 55 artículos que componen esta futura ley Fernández hay más de uno que parece redactado directamente por algún mando de los antidisturbios. Tan es así que la norma podría llamarse de Protección de la Policía más que de Protección de la Seguridad Ciudadana. Si no, es inexplicable que Interior amenace con sanciones de hasta 30.000 euros a quien insulte a un agente cuando esté “velando por el mantenimiento del orden público” en una manifestación. ¡30.000 euros! Eso es un disparate. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Código Penal castiga una agresión —no un insulto— con multas de menor cuantía.

El proyecto de Interior resucita el viejo “orden público”, un concepto que huele a naftalina y que nos retrotrae a épocas pretéritas. El “orden público” sugiere una política de palo y tentetieso, con la indisimulada finalidad de paralizar las protestas sociales. Por eso, no es de extrañar que Joan Coscubiela, diputado de Izquierda Plural, haya bautizado esta ley como la de la “patada en la boca de la democracia”.

El borrador legislativo es un batiburrillo criticable desde muchos puntos de vista: desde su dudosa constitucionalidad hasta la intención de imponer multas de hasta 30.000 euros a quien haga de taxista para llevar a toxicómanos a comprar droga (las llamadas cundas). En este y otros casos de supuestos infractores, resultaría más lógico castigarles con trabajos en beneficio de la comunidad, en vez de hacerlo con multas que probablemente no van a pagar jamás (por ser insolventes).

Los_grisesLas sanciones de 30.000 euros previstas para las prostitutas que capten clientes en zonas próximas a colegios o cerca de carreteras son simplemente otro intento de luchar contra la prostitución, sin atreverse a abordar este problema en toda su complejidad y dimensión social.

A este Gobierno no le gustan ni las manifestaciones ni las huelgas, como han admitido en más de una ocasión algunos de los líderes del PP. Está en su derecho. Pero entonces debería atreverse a plantear abiertamente y sin subterfugios cambiar la vigente Constitución.

Y para colmo, escuchamos cosas así…

Un comisario de policía alemán, sospechoso de canibalismo

  • Detlev G está acusado de asesinato
  • La policía teme que se haya comido a un divorciado de 59 años

El comisario Detlev G. niega un móvil sexual y también haberse comido a su víctima. Sus colegas del cuerpo policial sajón hablan del “trato extravagante” que dio al cadáver y la Fiscalía de Dresde investiga un asesinato perpetrado “para satisfacer inclinaciones sexuales”. El muerto era un divorciado de 59 años venido desde Hannover a Dresde hace alrededor de tres semanas. Tenía, según contaron a los investigadores algunos de sus conocidos, “la fantasía de que alguien lo matara y se lo comiera”.

Encontró a Detlev en el foro para caníbales de Internet Zambian Meat, que se ufana de ofrecer “la dirección número° 1 para carne exótica”. Tras su primer contacto el mes pasado, los dos hombres chatearon e intercambiaron correos y mensajes de texto hasta que la confianza mutua alcanzó para llamarse por teléfono. Quedaron el 4 de noviembre en Dresde y de allí viajaron, como habían acordado, a la pensión que el comisario G. mantiene junto a su pareja en la localidad de Reichenau. En el sótano del edificio vacío por reformas rebanó el policía la garganta de su víctima. Voluntaria, según dice el asesino confeso.

Después lo desmembró durante cuatro o cinco horas, de acuerdo con los cálculos policiales, para acto seguido ir enterrando los pedazos en el jardín del inmueble, ahora lleno de hoyos excavados por los equipos de homicidios. No se han confirmado por ahora las sospechas iniciales de que Detlev G. comiera partes del muerto. El castigo por asesinato en Alemania puede llegar a la cadena perpetua y es dudoso que las ganas de morir de la víctima puedan servir de atenuante. No hay indicios de que nadie más participara en el crimen.

Pasó una semana hasta que se denunció la desaparición de la víctima tras el asesinato. Los investigadores dieron con ella gracias al registro de sus conversaciones en el foro caníbal. Confirmaron que la última llamada de su móvil fue a Detlev G., cuya dilatada experiencia en el cuerpo no le privó de cometer estas torpezas de aficionado. Confirmada la sospecha, los policías solo tuvieron que andar al despacho de G. para detenerlo. Enseguida confesó los hechos y, al día siguiente, guio a sus compañeros a los restos desperdigados de su conocido.

Detlev G. había estado casado con una colega del cuerpo, de la que se divorció antes de contraer una unión civil con otro hombre, cuyo apellido asumió con el compromiso. Con él fundó la pensión de Reichenau, en el valle de Gimmlitztal. Si las tenía, sus fantasías caníbales no llamaron la atención de nadie en el Cuerpo. El presidente de la policía del land de Sajonia, Dieter Kroll, explicó el viernes que “pasaba por un policía sin tacha”. Además, la imaginación “no es un campo que incumba a los jefes policiales”. Kroll dice que él no puede “ni explicar[se] ni entender” los actos de su subordinado.

En el foro de Internet para caníbales, que tiene unos 3.000 usuarios registrados, pueden leerse miles de historias sobre asesinatos y festines antropófagos. La policía cree que “el 99%” de los usuarios se conforman con la lectura y la redacción de estas fantasías. Algunos, sin embargo, prefieren la práctica a la teoría.

Tal fue el caso de Armin Meiwes, el célebre caníbal de Roteburgo que en 2001 mató, descuartizó y cocinó parcialmente a un berlinés a quien había conocido en un foro de caníbales. Pese a que su víctima estaba de acuerdo en que lo matara y asistió por propia voluntad al freído de su pene recién cercenado, Meiwes fue condenado a cadena perpetua y no saldrá con vida de prisión.

Aún no se han encontrado todos los restos de la víctima del comisario Detlev G.

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