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ITALIA | La lucha por el derecho a la vivienda estalla ahora en Italia

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Primero destacó España y ahora Italia va en la línea. Los movimientos sociales luchan por el derecho a tener un lugar digno dónde habitar, y denuncian la especulación inmobiliaria. Bajo la consigna “casa, crédito y dignidad”, salió a las calles la primera manifestación contra el Gobierno del primer ministro, Matteo Renzi.

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Los participantes, en su mayoría pertenecientes a las distintas organizaciones y colectivos que luchan por el derecho a la vivienda, protestaron ante la reciente aprobación del Decreto Renzi-Lupi, que reduce el problema de la emergencia habitacional a una cuestión de orden público, al mismo tiempo que prepara el terreno para la especulación inmobiliaria.

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La manifestación tuvo lugar el 12 de abril y fue acompañada en todo momento por un inusual despliegue policíaco; culminó con un ataque no menos inusual por parte de las fuerzas del orden, cuyo saldo, según datos oficiales, fue de más de treinta manifestantes heridos (uno de gravedad) y cinco personas detenidas.

Para una gran parte de la opinión pública, el ensañamiento particularmente violento de la policía es una muestra de cómo es que la nueva administración pretende hacerle frente a las crecientes manifestaciones de descontento social en Italia. Mattia Tombolini, miembro del Alexis Occupato, apunta en entrevista con Desinformémonos que es todavía más significativo el hecho de que, a casi una semana de la manifestación, ningún miembro del Gobierno salió a dar una declaración oficial al respecto:

“La gente en las calles dice cosas muy simples: ‘no tenemos casa, no tenemos trabajo y, sobre todo, no tenemos confianza en ustedes ni en sus políticas’, y ellos, a través de la represión, parecieran contestar, ‘peor para ustedes'”.

Tombolini señala que el problema de la vivienda en Italia no es para nada nuevo, así como tampoco es nueva la voluntad de la gente de hacer valer sus derechos.

“En Roma, por ejemplo, durante los años setenta, se dieron grandes experiencias en barrios emblemáticos como el de San Basilio, en donde la gente comenzó a ocupar colectivamente las viviendas; o la Magliana, en donde todo el barrio decidió un descuento colectivo y unilateral de los alquileres, en una de las acciones fundacionales de lo que posteriormente sería conocido como el movimiento Autonomía Obrera (Autonomia Operaia).

Por desgracia hoy en día estamos muy lejos de lo que fueron esas experiencias. Actualmente casi todos los que ocupan lo hacen de manera aislada, es decir que es una familia o un número reducido de personas quienes ocupan, y cuando hay amenazas de desalojo se organizan piquetes con la gente solidaria para evitarlos.

Pero, en general, se trata por un lado de esfuerzos muy fragmentados en relación a la necesidades que nos impone la gravedad de la emergencia social que vivimos; y, por el otro, la lucha por el derecho a la casa se hace casi siempre sin ninguna relación con las luchas en contra de la austeridad, las privatizaciones, o por la conquista de un empleo digno. Y sin embargo, para fortuna de todos, es algo que está comenzando a cambiar poco a poco.”

La complejidad de la emergencia

El problema de la emergencia habitacional en Italia es multidimensional. En general, las personas que suelen ocupar con mayor frecuencia provienen de los sectores más empobrecidos de la sociedad, entre ellos los habitantes de las periferias y los numerosos grupos de migrantes que, como tales, viven una situación especialmente precaria en este país.

“De hecho, cuando vas a una manifestación de la lucha por la casa esta realidad es evidente. No es un movimiento exclusivamente italiano y, curiosamente, esta experiencia de la diversidad en lucha ha terminado por articular una discurso antirracista, que se inserta en el objetivo más amplio de construir una ciudad verdaderamente multiétnica”, describe el activista.

“Los distintos movimientos que conforman la lucha por la casa tienen una tipo de organización sumamente estructurada, y a veces también muy rígida. De momento no podría ser de otra manera, porque este movimiento está compuesto por muchísima gente que proviene de realidades muy diversas.

El Alexis Occupato, por ejemplo, agrupa a unas 30 o 40 personas y sabemos lo que es organizarse para garantizar la buena convivencia, ahora imagínate qué se tiene que hacer para organizarte con mil o mil 500 personas.

Obviamente nosotros en el Alexis somos una ocupación distinta, con jóvenes de entre 20 y 30 años, muchos de ellos estudiantes, todos invariablemente precarios, que decidimos organizarnos colectivamente no sólo para mejorar nuestras condiciones de vida, sino también para sacar adelante un proyecto político.

A veces aquí llegan familias que piden que las recibamos, pero de momento no tenemos la capacidad para ello, pues no contamos con las condiciones que se necesitan, por ejemplo, para que los niños estén bien. En estos casos canalizamos a las familias hacia los movimientos, porque ellos están mejor organizados y tienen las condiciones”, agrega Tombolini.

Para los movimientos no es nada fácil organizarse tampoco, señala el activista, pues se debe considerar que cuando se proviene de realidades de extrema marginalidad, se lidia con problemas de drogadicción y alcoholismo; de violencia familiar y de maltrato a las mujeres.

“Son todas esas cosas con las que hay que trabajar todos los días. Si hacia afuera se ve poco de lo que es verdaderamente la lucha por la casa, mucho menos es lo que se ve de todo el trabajo interno que significa reconstruir un sentido de comunidad, de sanar un tejido social fuertemente dañado por la crisis y la falta de oportunidades”, puntualiza.

Otra dimensión de la emergencia, quizá la más dramática, tiene que ver con el número cada vez más grande de familias y personas que todos los días se enfrentan a la imposibilidad de seguir pagando el alquiler o la hipoteca. Muchas de ellas tienen la suerte de ser acompañadas por gente solidaria y colectivos en lucha, y gracias a ello cobran conciencia de la necesidad de organizarse.

Sin embargo, la gran mayoría sigue viviendo el problema como si fuera una tragedia individual de la que incluso llegan sentirse culpables, debido al fuerte estigma social que implica el fracaso y que, tal como afirma Mattia Tombolini, constituye uno de los efectos más perversos de este sistema, ya que se culpabiliza a las víctimas, al mismo tiempo que se libera de toda responsabilidad a los culpables de esta crisis y a sus administradores.

“Durante el invierno pasado, el Gobierno suspendió este tipo de desalojos por la ‘emergencia del frío’, pero ahora están comenzando de nuevo a echar a las familias. Hasta el momento los piquetes anti-desalojo se han convertido en el único método para agregar a las personas en una lucha conjunta por la casa. El punto es que se está volviendo algo tan frecuente, que estoy convencido que el Gobierno está preocupado por la situación explosiva que podría generarse. Cuando no hay organización [el Gobierno] sabe que no tiene mucho de qué preocuparse, pero cuando está delante de muchas personas organizadas y conscientes de que no tienen nada que perder, la cosa es distinta”, predice.

El Decreto Renzi-Lupi: más leña al fuego

En las dos primeras semanas de abril semanas, el Ministerio del Interior ordenó el desalojo de numerosas ocupaciones en toda Italia, en el contexto de la entrada en vigor del Decreto Renzi-Lupi. En la opinión de Mattia Tombolini:

“este decreto no reconoce la emergencia habitacional como tal, pues el Gobierno no asume ninguna responsabilidad en el sentido de darle respuestas a la gente. Lo que sí hace es considerar la emergencia como una cuestión de orden público, tal como lo vimos en los desalojos de los últimos días, que son presentados ante la opinión pública como una cuestión de restauración de la legalidad. Ello no obstante los niveles inusitados de violencia que hemos visto en Roma, por ejemplo en el estudiantado autogestivo Godot, el 7 de abril; o día 16, cuando desalojaron a decenas de familias en un edificio de la calle Baldassarre Castiglione”.

Uno de los aspectos más polémicos de este decreto está contenido en su artículo quinto. En síntesis, se establece que las ocupaciones abusivas no podrán utilizar los servicios públicos, y sus ocupantes no tendrán derecho a la residencia. En Italia, la residencia es fundamental para tener derecho a un médico de cabecera, para registrar a los niños a la escuela, participar en los censos de población, votar y realizar un elenco innumerable de trámites de todo tipo. Por otro lado, durante años el hecho de tener la residencia en un lugar ocupado ha servido para presionar a las autoridades a resolver la creciente necesidad de viviendas sociales. Mattia Tombolini explica que, en términos formales, “existe una lista cuya graduatoria depende del grado de ‘jodidez’ que tengas, es decir que, por ejemplo, la vivienda la obtiene primero una familia con cuatro hijos de los cuales uno está gravemente enfermo; en otros casos aparentemente menos graves, la persona o familia debe esperar diez o quince años para poder acceder a este derecho.

“Hasta hace poco, la ocupación se hacía principalmente como un esfuerzo de la gente por acelerar la asignación de viviendas haciendo presión. La ocupación no era ni es un fin, nadie llega porque quiere quedarse ahí para siempre, en un lugar que muchas veces no tiene las condiciones mínimas para ser habitado. Se ocupa porque no tienes un lugar a donde ir y, además, porque con ello le mandas un mensaje claro al Gobierno de que se debe dar la prioridad a la emergencia habitacional y social de este país, en vez de salvar a los bancos y a las grandes empresas.”

El resto del decreto funciona como si se tratara de un rescate de los ricos, en este caso a los que especulan con un mercado inmobiliario particularmente deprimido. La intención es sustituir el modelo de las casas populares con alquileres bajos (y que dependen completamente de fondos públicos), por el así llamado social-housing, que en esencia implica la trasferencia de fondos públicos a manos privadas a través de alquileres supuestamente bajos, que deberán pagar los usuarios de este tipo de vivienda.

En tanto “labor socialmente útil”, el Gobierno otorgará exenciones de impuestos y otros estímulos a las empresas de la construcción y a los privados que contribuyan con el proyecto.

Los retos de los movimientos por el derecho a la vivienda

Ante los desalojos violentos de las últimas semanas, y luego de la represión del 12 de abril, las perspectivas no son muy alentadoras en cuanto a la actitud del nuevo Gobierno de Matteo Renzi, consideran los activistas.

“Por nuestra parte, es necesario dar un salto cualitativo con respecto a todo lo que se hecho y construido hasta ahora. No podemos pensar en seguir haciendo solos este camino.

Por un lado, es necesario es necesario superar la fragmentación en la que estamos inmersos todos los que luchamos por la vivienda y, en el mismo sentido, debemos vincularnos con otras iniciativas de lucha.

Por otro lado, como movimientos debemos ampliarnos, facilitando el acercamiento de las personas que hasta ahora se mantienen ajenas a la lucha, y esto sólo será posible a través de una nueva estrategia comunicativa.

Por último, es necesario seguir ocupando. Si ellos nos desalojan no quiere decir que tenemos que quedarnos quietos, hay que seguir dando respuestas organizadas y colectivas a la crisis”.

Más de un millón de familias italianas carecían de ingresos económicos por desempleo hacia finales de 2013, cifra superior en un 18 por ciento a la registrada en 2012, divulgó esta semana el Instituto de Estadísticas (Istat).

Según un estudio de esa entidad, los datos del año pasado duplican los correspondientes a 2011, lo cual indica un gran crecimiento del número de personas sin trabajo en el país.

Las zonas más afectadas por esta situación son el norte y el sur de esta nación y casi la mitad de los hogares perjudicados están conformados por parejas con hijos, destaca el informe.

En Italia, alrededor de ocho millones de individuos viven en el límite de la pobreza y el índice de desempleo supera el 12 por ciento, la tasa más alta de las últimas tres décadas, señala un reporte de la Oficina europea de estadísticas Eurostat.

Una investigación de ese organismo concluyó que la problemática afecta, fundamentalmente, a los jóvenes, sector con un 30 por ciento de desocupación.

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